El Acuerdo Nacional de Dependencia es un compromiso del Gobierno y los agentes sociales para poner en funcionamiento un sistema público de atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas (+ info). Establece el derecho de todos los ciudadanos dependeientes a recibir cuidados de apoyo, y la obligación del Estado de garantizarlos y financiarlos a través de las diferentes Administraciones.
El Observatorio de la Ley de Dependencia ha publicado dictámenes según los cuales Aragón es una de las comunidades más eficaces de España a la hora de implantar el Sistema de Atención a la Dependencia. Sin embargo, a la ves puede leerse en prensa que «Seis Comunidades suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia» (una de ellas Madrid), cuando ya el año pasado «El Observatorio de la Dependencia suspende a la Comunidad Valenciana» (no extraña encontrar plataformas en Valencia en defensa de la ley de dependencia).
Aunque una de las medidas de control del déficit sea la eliminación de la retroactividad de este derecho, desde UGT reclamamos a las Administraciones Públicas (sobre todo en Madrid) el cumplimiento de sus compromisos para avanzar en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia. Ya que ahora más que nunca es urgente (y grave que no se haga) que se conceda cuanto antes las ayudas, reduciendo la brecha entre la petición y la concesión.