Puede parecer inconcebible en una Sociedad avanzada y del “primer mundo” como la española, pero son datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE): el 1% de nuestros conciudadanos/as no puede permitirse pagar la factura del teléfono.
Extrapolando este porcentaje a las últimas cifras de población empadronada
(46,5 millones), estamos ante casi medio millón de personas que no pueden pagarse una conexión telefónica básica. Si además tenemos en cuenta que el gasto medio en telefonía fija es de 15,4 euros mensuales, la penuria es evidente y muy lamentable. La exclusión que vive este colectivo es doble, ya que la ausencia de acceso a las telecomunicaciones básicas no solo le impide integrarse e interactuar con el resto de la sociedad, sino que además no son pocos los estudios que prueban que el acceso a los servicios de comunicación son habilitadores clave para la mejora de las condiciones de vida y la inclusión laboral. En resumen, una doble desigualdad, una doble privación de derechos y libertades.
Gracias a la publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV]) y al estudio realizado por UGT Comunicaciones de sus microdatos, hemos podido desglosar qué elementos confluyen en las condiciones de pobreza y exclusión social de los hogares y las personas, centrándonos en este caso, en el uso de las comunicaciones como elemento esencial de la vida de las personas.
No debemos olvidar en ningún caso que el acceso a la telefonía vocal es un derecho universal reconocido por ley – como el acceso a la energía o a una vivienda digna- y que debería estar amparado por las redes de seguridad que los Estados están obligados a tejer para proteger a sus ciudadanos y colectivos vulnerables frente a la desigualdad social. Sin embargo, en España, estos mecanismos son prácticamente inexistentes. Países como Francia, Lituania, Reino Unido o Singapur ya ofrecen ayudas para colectivos vulnerables o desfavorecidos.
La cohesión social y la inclusión de estas personas deberían ser asuntos de Estado y de permanente presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, tanto legisladores como políticos y reguladores únicamente se dedican a desviar la mirada, en un ejercicio de indolencia inadmisible para una Sociedad como la española.