Y al aumento de la penetración, hay que añadir el de la frecuencia: el 80% de los internautas se conecta varias veces al día, un 20% más que desde que se empezó con esta métrica. Quizás sea el momento de buscar una métrica que precise el número de accesos para seguir valorando su evolución:
El rey en la categoría de “dispositivo usado para conectarse a Internet” sigue siendo, de forma indiscutible, el móvil. Hasta un 92% de los encuestados así lo afirma, algo lógico si tenemos en cuenta que el número de móviles sin conexión a Internet en servicio es ínfimo y que, al fin y a la postre, se tiene la conexión al alcance de la mano de forma permanente. Le siguen los ordenadores (sean de sobremesa o portátiles), que no solo cumplen con la función de dispositivo de uso personal sino también laboral. Lejos ya queda la Tablet, con un 33% de preferencia, pero mantiene sus cifras desde hace ya casi una década; igual que los altavoces inteligentes, que para nada apuntan a un declive.
Un universalización de este tipo de los smartphone deviene, entre otras consecuencias, en un uso también intensivo de las redes sociales, en la que WhatsApp es líder indiscutible, con un 93,4% de uso habitual, seguido, muy de lejos, de Instagram (26%). Dicha acaparación no es tan amplía en los servicios de videollamadas, donde de nuevo WhatsApp es la primera con un 67,4% de adopción. En cualquier caso, un 27% de la ciudadanía española no usa habitualmente los servicios de videollamadas.
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]]>El recurrente debate sobre precios, socialmente instaurada a pedal sobre la ciudadanía, y quizás los movimientos corporativos de los últimos meses, han acaparado la atención sobre nuestro sector, alejando ya el éxito de la fortísima operatividad de nuestras redes durante la pandemia.
Pero la realidad y la actualidad, de vez en cuando, deberían obligarnos a hacer una reflexión crítica sobre el caso español de las redes de telecomunicaciones.
Hoy, el 90% de nuestras redes de telecomunicaciones son de fibra óptica[1]. A aquellos lugares donde no llega esta puntera tecnología, existe una amalgama de alternativas que van desde las ayudas del plan UNICO banda ancha[2] al “demanda rural[3]”, que se completa con el denominado “conectate35.es”, que permite a cualquier ciudadano español, resida donde resida, acceder a Internet vía satélite por 35 euros a una velocidad de 100 Mbps. Es decir, en España existe un acceso universal a Internet.
Y mientras en nuestro país nos tomamos esto como algo “normal” y lo asumimos como la lógica del progreso, la realidad más allá de nuestras fronteras es muy distinta, incluso en naciones que se consideran auténticas potencias mundiales.
En EEUU la fibra óptica es casi anecdótica. Su tradición pasa por el cable, y por supuesto el cobre, con todas las limitaciones que ello conlleva en términos de despliegue, escalabilidad, y últimamente, de necesidad de suministro energético a unos costes elevadísimos. Es tal su retraso en fibra, que se sitúa a la cola mundial en porcentaje de conexiones por fibra, con un misérrimo 20%, cuando España, Corea o Japón superan ampliamente el 80% y la media de la OCDE es cercana al 40%.
Percentage of fibre connections in total fixed broadband, Dec 2022
Se trata de una evidente lacra para una economía que presume de tener las mejores tecnológicas del planeta. Mientras en Silicon Valley se construye el futuro tech para las próximas décadas, en su propio país de origen y a escasas millas, se sufren conexiones de otro siglo y época.
El Gobierno de Biden – por supuesto también auspiciado por la próxima dinámica electoral- quiere poner remedio a este atraso, y para ello propone un presupuesto milmillonario[4]: 42.000 millones de dólares, con el loable objetivo de que la banda ancha de alta velocidad sea universal…¡en 2030!
Hecho: mientras la mayor potencia del mundo espera acabar la década con un Internet universal, en España ya lo disfrutábamos más de un lustro antes. Valoración: no siempre valoramos lo que tenemos.
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Si habitualmente este tipo de “objetivos” se habían legado a las operadoras, los reiterados fracasos en planes anteriores (sin ir más lejos, no se cumplieron los objetivos de cobertura de NGN hace escasos dos años) están obligando a los organismos públicos a implicarse financieramente en la tarea, más allá de simplemente proponerlos y desentenderse.
En consecuencia, la UE ha encargado un estudio (Investment and funding needs for the Digital Decade connectivity targets) para valorar cuanta inversión es necesaria para alcanzar el susodicho objetivo en 2030.
Las conclusiones del informe, elaborado por la consultora WIK, afirman que, para que los ciudadanos y las empresas europeos se beneficien de todas las capacidades que pueden ofrecer las redes móviles 5G (el denominado “5G completo”), se necesitarían unas inversiones de alrededor de 33.500 millones de euros, que se dedicarían a las instalar estaciones base necesarias para proporcionar el ancho de banda requerido.
De estos 33.500 millones, las redes de nuestro país necesitarían unos 3.220 millones de euros, sólo por detrás de los 5.600 que precisaría Francia, los 5.400 que necesitaría Alemania o los 4.200 que requeriría Suecia.
Ante estas cifras, realmente importantes, el informe confiesa que “es poco probable que los fondos existentes de la UE por sí solos, que actualmente ascienden a alrededor de 19 mil millones de euros, aborden completamente la brecha de conectividad, y deberán complementarse con financiación nacional y regional”. O, dicho de otro modo, o el resto de AAPP aportan más financiación, o las ayudas europeas se van a quedar cortas.
Ante estas evidencias, desde UGT nos volvemos a preguntar: ¿todavía hay dudas de la necesidad de instaurar en Europa un modelo de contribución justa para aquellos que aprovechan nuestras redes sin aportar ni un solo euro?
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]]>Celebrado en Madrid y con la presencia de un nutrido número de agentes relevantes del sector (desde Emilio Gayo a Ludovic Pech, pasando por representantes políticos como Nadia Calviño y Pilar del Castillo, o las Secretarias de Estado de Telecomunicaciones y Digitalización e IA, y actores fundamentales en nuestra actividad, como Hispasat, NTT Data, Ericsson, COIT y un larguísimo etcétera), el evento ha vuelto a poner la relevancia el peso específico de nuestro sector en la economía digital y el futuro tecnológico de nuestra sociedad.
En la mesa que contó con la participación del Sindicato, dedicada a La regulación que viene, nuestra intervención se centró en dos aspectos que concitan nuestra acción sindical: el empleo y el reparto de la riqueza.
Así, reiteramos la emergencia de acabar con los desequilibrios que acucian a nuestro sector, que dan preferencia a jugadores que ni crean riqueza ni empleo, como las grandes tecnológicas o las OMV.
Hemos vuelto a poner de manifiesto que los denominados “gigantes digitales” no crean empleo en nuestro país (apenas 3.500 puestos de trabajo). En comparación, el conjunto del sector audiovisual y telecomunicaciones español multiplica por quince dichas cifras (+57.000 puestos de trabajo); puestos de trabajo dignos, tecnológicos y que apoyan con sus salarios, impuestos y cotizaciones al sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar.
Además, las denominadas big tech arramblan con toda nuestra riqueza, desviándola a terceros países. Como consecuencia, nuestro déficit neto exterior en comercio digital se ha multiplicado por siete, hasta llega a presentar un 2,4% del PIB (28.700 millones de euros). Nuestra riqueza nacional se nos escapa entre los dedos, mientras los que se lucran pagan impuestos irrisorios, gracias a una ingeniería fiscal permisiva y anticuada.
Otro tanto podríamos decir de las OMV, que ni crean empleo de calidad ni contribuyen al crecimiento de las imprescindibles infraestructuras tecnológicas que requiere una economía de vanguardia como la española.
En la ronda final, UGT ha señalado los dos retos pendientes que tiene nuestro sector: vertebrar una consolidación coherente, acabando con el reiterado error de crear nuevos cuartos y quintos operadores artificiales y artificiosos, hasta que ganan el suficiente peso para ser comprados por un tercero y vuelta a empezar, lo que constituye un sinsentido mayúsculo; y hacer efectiva una contribución justa de los gigantes digitales a la creación de nuevas redes, lo que redundaría en más y mejor empleo telco.
Finalmente, UGT quiere agradecer a la patronal DigitalES su invitación, puesto que sólo mediante la participación de todas las partes representativas y el ejercicio de un fluido diálogo social podremos construir un sector más dinámico, más fuerte y, sobre todo, con empleo de más calidad.
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]]>A continuación, explicamos que significa el citado DECÁLOGO PARA IMPULSAR LA CIUDADANÍA DIGITAL:
- Situar a las personas y sus derechos en el centro
Velar porque los nuevos espacios digitales sean espacios de derecho. Se deben respetar los derechos ya existentes en el mundo analógico y trabajar para impulsar los derechos que nos demanda este ámbito, como el derecho a la privacidad, al olvido, a la desconexión digital o a la no discriminación algorítmica, tal y como se recoge en la Carta de Derechos Digitales de España.
- Aumentar y garantizar la accesibilidad y, por tanto, la inclusión de las personas
La inclusión de todas las personas exige garantizar la accesibilidad, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de la forma más autónoma y natural posible.
- Garantizar la seguridad y protección de las personas en el entorno digital
Promover el uso seguro de las tecnologías digitales para los ciudadanos que les permita reforzar su confianza en el ámbito digital, atendiendo al nivel de conocimientos o cercanía hacia la tecnología de colectivos específicos, como es el caso de las personas mayores. Para ello, será necesario dotarles de conocimientos, habilidades y herramientas en materia de ciberseguridad, a través de proyectos, campañas de concienciación y capacitación y servicios de soporte especializados, que les ayuden a la hora de incorporar medidas y hábitos con los que incrementar su nivel de protección frente a las amenazas de Internet.
- Alfabetizar y capacitar para el uso de las tecnologías en los desempeños de las personas
Fomentar políticas públicas para la difusión, dotación y reconocimiento de los centros de competencias digitales, sus profesionales y las redes de las que forman parte como espacios de referencia en España donde la ciudadanía puede adquirir y practicar de forma libre y gratuita las habilidades digitales necesarias para el desempeño de sus derechos y metas personales y profesionales. El papel de estos espacios/recursos es fundamental en la creación de un ciudadanía crítica y reflexiva que pueda abordar los retos de la transformación digital y, a la vez, han de ser reconocidos como espacios públicos esenciales en la garantía del cumplimiento de los derechos digitales de la ciudadanía.
- Promover una Inteligencia Artificial ética, transparente y responsable
Desarrollar una IA ética que genere confianza y transparencia en su uso para potenciar el efecto positivo que puede tener en la sociedad y en la economía. Prestar especial atención en áreas como privacidad y protección de datos, salud, servicios públicos o entorno laboral, evitando la discriminación y los sesgos por diferentes causas. Empoderar a los ciudadanos para que puedan beneficiarse de las ventajas que aporta la tecnología y poder tomar sus propias decisiones. Facilitar la supervisión e intervención humana xen decisiones que produzcan efectos en su esfera personal y patrimonial.
- Facilitar el acceso a la administración digital
Una administración digital debe promover, velar y apostar por los datos y estándares abiertos, así como por la colaboración y el entendimiento de las tecnologías digitales junto a la sociedad civil y las empresas, facilitando una ciudadanía digital que evite el asistencialismo tecnológico y que impulse medidas de empoderamiento y capacitación digital de sus ciudadanos, particularmente de los más vulnerables, como son las personas con discapacidad, los mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión digital.
- Contribuir al desarrollo sostenible y a la implicación de todos los agentes
Capacitar y actualizar a los ciudadanos de manera que sean conscientes del desarrollo tecnológico según les afecta y hagan uso de las nuevas tecnologías de una manera sostenible desde el punto de vista medio ambiental, pero también desde el punto de vista de un desarrollo humanista de la misma.
- Impulsar los derechos digitales en los nuevos desarrollos normativos
Prestar especial atención a las nuevas reformas legislativas, apoyándolas y dotándolas de los adecuados recursos que las hagan viables y efectivas en el contexto digital para todos los ciudadanos.
- Promover la participación en el entorno digital
Partir del respeto pleno del derecho a la dignidad, libertad, intereses y preferencias. Impulsar una participación y una vida social efectiva de manera que todas las personas, estén contextualizadas en la Sociedad Digital y puedan ocupar el papel que les corresponde, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones.
- Dotar de los recursos necesarios para llevar estos principios a la práctica
Desarrollar políticas y acciones que faciliten el acceso a los equipos, aplicaciones, conectividad, formación e información necesarios para la vida digital de todas las personas. Implementar planes con suficiencia de recursos, que estén garantizados en el tiempo y que se comprometan formalmente. Prestar especial atención a los colectivos con mayor riesgo de exclusión y promover las oportunidades derivadas de una ciudadanía digital plena.
[1] https://diadeinternet.org/manifiesto/ddi2023_manifiesto_ciudadania_digital.pdf
La entrada UGT se une al manifiesto para impulsar la ciudadanía digital en el día de internet se publicó primero en UGT Comunicaciones.
]]>Como entendemos que el informe es de máximo interés, pero su longitud – más de 100 páginas- puede desincentivar su consulta, pasamos compartir un breve resumen gráfico que aquellas métricas que consideramos más relevantes:
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[1] https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informes-cobertura.aspx
La entrada Resumen gráfico del informe de cobertura de banda ancha España 2022 se publicó primero en UGT Comunicaciones.
]]>Para esta edición de 2022 se valoran cuatro aspectos: Disponibilidad, Asequibilidad, Relevancia y Preparación. Su combinación es la que permite crean el índice general.
España se ubica en un positivo séptimo puesto, mejorando ostensiblemente su posición de años atrás2, pero que supone un pequeño retroceso en comparación con 2021.
Por magnitudes, España destaca en el apartado de asequibilidad (affordability; costo del acceso a Internet en relación con los ingresos), con un noveno puesto, lo que vuelve a demostrar que la afirmación “en España las telecos son caras”, no son más que un mito falaz.
También destacamos en el apartado de relevancia (relevance; disponibilidad de contenido de Internet en los idiomas locales):
En el otro polo, las áreas de mejora están en los capítulos de disponibilidad y, especialmente, alfabetización (readiness; nivel de educación y preparación para usar Internet).
A priori, llama la atención que España se sitúe en el puesto 20 en disponibilidad de Internet. Este apartado mide a su vez varios aspectos, como son la calidad y amplitud de la infraestructura disponible requerida para el acceso y los niveles de uso de Internet. En este sentido, las redes españolas presumen de ser de las mejores del mundo, pero para este caso concreto se ven lastradas por el apartado “Private sector initiatives to make Wi-Fi available” (analiza si el ISP privado más grande brinda acceso Wi-Fi público a sus clientes en la ciudad más grande del país y si la conexión Wi-Fi es gratuita).
Pero donde realmente se observa un retraso injustificable en la preparación digital de nuestra población, que ha supuesto descender cuatro puestos a causa de la poca formación de nuestra ciudadanía en privacidad y en la poca confianza en la información que vemos online:
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La entrada The Inclusive Internet Index 2022 se publicó primero en UGT Comunicaciones.
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Los firmantes suscriben un Internet abierto, libre, mundial, interoperable, seguro y con pleno respeto a los derechos humanos online2.
Más en concreto, los países adheridos afirman que en Internet debe primar principios democráticos básicos, las libertades fundamentales y los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Todos ellos comparten igualmente3 la convicción de que su funcionamiento debe ser único y descentralizado, evitando la discriminación injusta entre las personas y facilitando una competencia leal entre las empresas.
Asimismo, los países “expresan su profunda preocupación por la represión de las libertades en internet por parte de algunos gobiernos autoritarios, el uso de herramientas digitales para violar los derechos humanos, el creciente impacto de los ciberataques, la propagación de contenidos ilegales y de desinformación y la excesiva concentración de poder económico”. En consecuencia, se comprometen a cooperar para afrontar estos cambios y riesgos. También comparten la visión de que las tecnologías digitales encierran potencial para promover la conectividad, la democracia, la paz, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible.
En definitiva, los socios colaborarán para seguir cumpliendo la promesa de conectar a la humanidad y traducirán estos principios de la Declaración en políticas y medidas concretas, sin perjuicio de su autonomía normativa, promoviendo todos estos principios a escala mundial, dentro del sistema multilateral.
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La entrada La Unión Europea, EE.UU. y otros 32 países firman la declaración sobre el futuro de internet se publicó primero en UGT Comunicaciones.
]]>- Con los datos publicados por el Gobierno para junio de 2020, parece imposible cumplir con el objetivo marcado por Agenda Digital para Europa1, por el que toda la ciudadanía debería poder conectarse a Internet a una velocidad de, al menos, 30 megabits por segundo.
- Aún existen casi 3.000 poblaciones en donde no es posible acceder una conexión fija de alta velocidad, concentradas en una gran parte en Castilla y León. Esto supone que casi un millón de personas no puede acceder a una conexión de calidad que permita simultanear el teletrabajo con, por ejemplo, la educación a distancia de sus hijos, la salud virtual o el entretenimiento online. Y otro tanto podemos decir de las empresas sitas en estas ubicaciones, que no podrán competir en pie de igualdad.
- Por provincias, León destaca negativamente por sus numerosas zonas sin cobertura móvil 4G o sin redes de fibra óptica.14
Como en el año 20192, UGT ha confeccionado un análisis del estado de la Brecha Digital de orden territorial, aprovechando la reciente actualización de datos por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras3.
El objetivo de este análisis es cuantificar el tamaño de la Brecha Digital que sufre nuestra estructura territorial, un factor que lesiona los principios básicos constitucionales de cohesión e igualdad de oportunidades.
Continuando con la metodología del año anterior, el Sindicato ha confeccionado un listado de núcleos de población con penosas deficiencias de conectividad móvil y fija, donde habría que focalizar los esfuerzos por su elevada vulnerabilidad digital. En base a tres criterios diferenciales4 se han identificado 400 poblaciones con enormes problemas de conectividad, que comprenden una población cercana a las 47.000 personas. De ellas, 224 localidades se sitúan en Castilla y León (52 en León). Madrid, Baleares y las dos ciudades autónomas no registran ni una sola localidad con estas deficiencias de conectividad.
NÚCLEOS POBLACIONALES CON PEORES REDES DE COMUNICACIONES
Cobertura de redes fijas de 100 Mbps <49% (media ponderada nacional 88%)
Cobertura 4G <85% (media ponderada nacional 99,9%)
En cuanto al acceso mediante banda ancha fija (fibra óptica) aún se registran 2.537 poblaciones en todo el país sin una sola posibilidad de acceder a redes con una velocidad de 100 Mbits/seg, que vetarían esta facilidad a 381.902 personas. Si se amplía la mirada aquellas poblaciones con graves problemas de cobertura de fibra óptica5, el número de personas afectadas ascendería a 881.909. Se trata de casi un millón de personas sin acceso a una conexión de calidad que permita simultanear el teletrabajo con, por ejemplo, la educación a distancia de sus hijos, la salud virtual o el entretenimiento online. Y otro tanto podemos decir de las empresas sitas en estas ubicaciones, que no podrán competir en pie de igualdad al no poder acceder al e-commerce.
Por CCAA, Castilla y León concentra la mayoría de estas poblaciones (739, especialmente León y Burgos, con más de 120 localidades cada una), seguida de Cataluña (361 pueblos desconectados, con Lleida a la cabeza, con 121) y Galicia (293; 131 en A Coruña). En el otro extremo, las CCAA con mejores infraestructuras de fibra óptica son, por este orden, Illes Balears, La Rioja y Madrid.
CCAA CON MÁS NUCLEOS POBLACIONALES SIN COBERTURA DE FIBRA ÓPTICA
En cuanto a la cobertura móvil, los datos disponibles se ciñen al 4G. A la espera de actualizar la cobertura al futuro 5G, ya sólo se localizan 71 pueblos en España con una señal inalámbrica inadmisible (por debajo del 25% de la superficie de la población); de nuevo concentrados en Castilla y León (46; 18 sólo en la provincia León). No obstante, todavía existen 1.700 poblaciones en donde la cobertura no supera el 70% del área poblacional, lo que explica las muchas zonas de sombra aún presentes en el rural.
CCAA CON MÁS NUCLEOS POBLACIONALES CON UNA COBERTURA 4G INFERIOR AL 25%
Todas estas evidencias constatan la imposibilidad de que España cumpla con el objetivo primordial de la Agenda Digital para Europa, que exigía que toda la ciudadanía pudiese contratar un acceso de más de 30 Mbits/seg, con independencia de su residencia. España incumple sistemáticamente una gran parte de estas agendas a lo largo de las últimas décadas, con consecuencias que se han hecho más visibles que nunca a lo largo de esta pandemia.
No obstante, es importante destacar que esta mejora en los accesos no acabará con la principal causa de exclusión digital en España. La última encuesta del INE6 demostraba que sólo un 5% de las personas desconectadas lo eran por la falta de infraestructuras adecuadas. La razón sigue siendo la misma: un 50% de los desconectados lo son por no tener las capacidades digitales necesarias.
Se debe señalar una sustancial mejora en todos los indicadores con respecto a 2019, cuando el número de localidades sin fibra óptica ascendía a 9.400. Sin lugar a duda, los Programas de Extensión a la Banda Ancha (PEBA) desplegados por el Gobierno en 2018 y 2019 están teniendo un gran impacto para reducir la Brecha Digital territorial, pero serán necesarios más esfuerzos en los próximos ejercicios para cerrarla definitivamente. Las inversiones públicas previstas en el Plan de Conectividad y la Estrategia de Impulso al 5G, pero especialmente el Plan Nacional de Competencias Digitales, serán fundamentales para alcanzar este objetivo.
UGT reitera su exigencia de elaborar, juntamente con AAPP y patronales, un Plan de Inclusión Tecnológica que ponga a España en la media europea en inclusión digital. La Brecha Digital, como forma de desigualdad es ya un lastre social, económico y competitivo de primer orden. Únicamente con sensibilización, negociación, acuerdos y acción política se podrá acabar con ella.
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La entrada La conectividad territorial mejora, pero todavía persiste una amplia España desconectada se publicó primero en UGT Comunicaciones.
]]>Una subasta que ha cambiado, no radicalmente, pero sí de forma sustancial, sus planteamientos iniciales, que priorizaban la recaudación por encima de la cobertura o el empleo. Hecho reiteradamente denunciado por UGT4 y que, sin duda, ha tenido su importancia a la hora de revisar el modelo de licitación5.
Quizás el cambio más reconocible es el referido al precio de salida: de los 1.170 millones de euros iniciales a los 995,5 que finalmente se han fijado. Un 15% de rebaja que, si bien puede ser escaso para unos, es una incontrovertible reducción de costes para todos los operadores participantes. Pero no solo viene por este lado los cambios, también se amplían los periodos de licencia y para cumplir con los requisitos de cobertura; y especialmente, se consolida la no obligación de alquilar las redes 5G a los operadores parasitarios. Un cambio fundamental, ya que supone una declaración de intenciones cara a un futuro sin cesión arbitraria de las redes de los operadores inversores y creadores de empleo.
De este viraje regulatorio dimos buena cuenta recientemente6 y el periódico Expansión lo resume a la perfección el siguiente cuadro:
La subasta se configurará por bloques de frecuencias tal y como se expone en el siguiente cuadro elaborado por El Economista7:
Los precios finales son sensiblemente superiores a las subastas realizadas en otros países europeos. Solo un ejemplo: un bloque de 2×10 MHz en el Reino Unido costó 325 millones de euros8, por los 350 que se reclaman en España9, a pesar de que el PIB de UK es mucho mayor que el español.
El otro apartado de suma importancia es el referido a los plazos de cobertura, que se estipulan de la siguiente forma:
a) Antes del día 31 de diciembre de 2022 se debe proporcionar cobertura en la banda de 700 MHz a:
i. El 30 % de los municipios de mayor tamaño (figuran relacionados en el apéndice II del BOE10).
ii. Los aeropuertos más importantes mencionados en el apéndice III del BOE.
iii. Los puertos más importantes mencionados en el apéndice III del BOE.
iv. Las estaciones de ferrocarril más importantes mencionados en el apéndice III del BOE.
v. Las carreteras más importantes mencionados en el apéndice III del BOE.
b) Antes del día 30 de junio de 2024 se debe proporcionar cobertura en la banda de 700 MHz al 70 % de los municipios que figuran relacionados en el apéndice II del BOE.
c) Antes del día 30 de junio de 2025 se debe proporcionar cobertura en la banda de 700 MHz a:
i. El 100 % de los municipios que figuran relacionados en el apéndice II del BOE.
ii. Los aeropuertos mencionados en el apéndice VII del BOE.
iii. Los puertos mencionados en el apéndice VIII del BOE.
iv. Las estaciones de ferrocarril mencionadas en el apéndice IX del BOE.
v. Las carreteras mencionadas en el apéndice X del BOE.
Si bien la ambición de la cobertura podía haber sido ser mayor (aumentando los compromisos de inversión a la par que se reduce el coste de las licencias), la principal carencia del modelo elegido es la referida al empleo: ni una sola mención a lo largo de todo el Boletín Oficial de Estado.
Si bien se defenderá que la inversión en las nuevas infraestructuras creará empleo directo e indirecto, la realidad es que, sin compromisos cuantificables y específicos, dicha creación será variable, y muchas veces, caprichosa.
Seguimos opinando que, a pesar de las mejoras adoptadas en el proceso, las cláusulas de empleo son básicas para conseguir una licitación social, justa y equilibrada. Y a los ejemplos nos remitimos: 1999, concurso de licitación de UMTS, que contenía una cláusula ligada al “número de empleos permanentes que se creen, cualificación de los mismos y su destino a personas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo que se contraten11”.
Nunca tanto empleo se creó en nuestro sector como en aquellos años.
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La entrada Subasta 5G: proinversora, pero sin compromisos de empleo se publicó primero en UGT Comunicaciones.
]]>Como cualquier proyecto de estas características, el regulador sectorial debe verificar que cumple con los requisitos europeos y nacionales de concesión de subvenciones públicas, mediante preceptivo informe.
Las características más destacadas del plan son las siguientes:
- El despliegue de redes de banda ancha de al menos 300 Mbps (en ambos sentidos)
- El objetivo del proyecto son las unidades diseminadas de población o los extrarradios de los núcleos de Bizkaia –sin limitación en cuanto al número de habitantes-, que han sido consideradas zonas blancas NGA por la SETID y otras zonas singulares del territorio foral.
- La cuantía de la ayuda tendrá un importe máximo de 10.000.0000 euros, que se adoptará la forma de subvención y se concederá mediante un procedimiento de concurrencia competitiva
- Las solicitudes de ayuda deberán contemplar el despliegue de los servicios de banda ancha ultrarrápida en todas las unidades inmobiliarias dentro de la población objeto de la ayuda.
- Se incluye la obligación de disponer de una oferta de acceso del servicio bitstream (acceso indirecto).
- Se exige que el operador beneficiario de las ayudas publique, en su página web, información sobre la localización y extensión de los despliegues NGA
Como en todos los casos precedentes, la CNMC repasa cual es el grado de despliegue de las NGN en el territorio, observándose que Vizcaya presenta unas ratios de cobertura superiores la media nacional. De hecho, Bizkaia está entre las provincias con más cobertura FTTH de España (tercera posición):
Una vez analizados los pormenores, la CNMC considera que el Decreto Foral “contribuye a alcanzar los objetivos establecidos en las Agendas Digitales Europea, para España e incorpora los elementos regulatorios más importantes del artículo 52 del Reglamento de exención por categorías y de las Directrices comunitarias de ayudas a la banda ancha y de la mayoría de las recomendaciones realizadas por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en sus anteriores informes”, aunque realiza algunas recomendaciones menores, al objeto de mejorar el proyecto, en apartados referidos a la oferta NEBA, plazos de provisión y servicios mayorista y minorista.
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]]>La poderosa operadora estadounidense AT&T ha dado un paso de alto impacto, al cerrar su red de cobre a cualquier alta o provisión. No se ha tratado de un anuncio a bombo y platillo, simplemente ha advertido en su web de la imposibilidad de contratarlo:
No obstante, la decisión no está exenta de polémica, puesto que el despliegue de la red de fibra alternativa a la de cobre dista mucho de estar a la altura. Así, el sindicato CWU asegura que AT&T sólo ha cubierto menos del 30% de los hogares en los 21 Estados donde opera, mientras que la huella de fibra de la operadora solo alcanzaría al 5% de las zonas rurales.
Si a esto le añadimos que AT&T afirma que solo instalará nueva fibra en lugares “donde tenga sentido financiero” hacerlo, cuando se está beneficiando de la laxa política de impuestos de Trump, lo que está provocando una cascada de miles de despidos, parece tener cierta lógica la polémica creada.
Finalmente, es preciso aclarar que la medida no supone el cierre completo del ADSL de AT&T, que seguirá dando servicio a sus clientes actuales, aunque como decimos, no permitirá nuevas altas.
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estudios de todo tipo, y los organismos con más prestigio, lo confirman. Pero el último análisis del FTTH Council Europe, realizado por IDATE, va más allá y pronostica como evolucionarán las redes de fibra óptica en Europa en el próximo lustro. Los vaticinios son casi imposibles de mejorar: España mantendrá el segundo puesto en penetración de fibra dentro de cinco años, viéndose solo superada por Francia.
Si en 2020 se espera que España finalice en segunda posición, con una penetración en los hogares del 62,3%, este porcentaje aumentaría al 83,2% en 2026. En la evolución comparada, se observa como Bielorrusa, primera en 2020, cae al quinto puesto, mientras que Francia presenta una evolución asombrosa: del 35% de 2020 al 92%, lo que la aúpa al primer puesto. Sin duda, las políticas de impulso del regulador sectorial francés (ARCEP) y la fortísima competencia entre los cuatro operadores implicados (Orange, Free, SFR y Bouygues), avalan esta predicción.
Más dudosa resulta la predicción para el Reino Unido, que pasaría del actual 5% de penetración a un 81%, un crecimiento asombroso en tan corto lapso de tiempo. Si bien se viene hablando de un impulso a las redes FTTH por parte del Gobierno de Boris Johnson, estos planes están inmersos en un mar de dudas. No obstante, la noticia de permitir a BT unas vacaciones regulatorias, podría justificar este crecimiento.
Finalmente, reseñar el caso de Italia: a pesar de ser una potencia económica europea de primer orden, no se espera que salga del furgón de cola. Sin duda, los problemas sobre quién acomete el despliegue y las idas y venidas entre el gobierno trasalpino, TIM y OpenFiber lastran su crecimiento.
Otros de los parámetros que mide el informe de FTTH Council Europe tienen que ver más con el volumen total de conexiones por fibra, u hogares pasados por ella (términos absolutos) que con la penetración (un parámetro relativo), pero que también aportan información interesante.
Así, podemos apreciar como España pasará de tener 16 millones de hogares pasados por fibra en 2020 a 18,1 en 2026; y de 11,3 millones de clientes FTTH a 15,2 a lo largo de los próximos seis años.
En cualquier caso, la comparación de ambos parámetros con Alemania, UK o Francia son modestas, aunque se debe tener en cuenta que las posibilidades de progresión de España son menores, al disfrutar ya de una red FTTH mucho más capilar que nuestros vecinos europeos.
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]]>La FCC, el regulador de las telecos de allí (semejante a nuestra CNMC) ha aprobado la creación de un fondo dinerario dotado con 9.000 millones de dólares (sobre 7.660 M€), a modo de ayudas públicas para llevar el 5G al hábitat rural, con unas velocidades mínimas de 35 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida.
Este “5G Fund for Rural America” identificará aquellas zonas susceptibles de necesitar ayudas públicas para dotarles de cobertura de última generación, empleando un sistema de subastas con los operadores interesados en la licitación. La identificación de estas zonas tendrá en cuenta las dificultades orográficas, la dispersión poblacional e incluso se reservan 680 M$ para tribus indígenas americanas.
La duración del programa es de diez años, aunque en el sexto ejercicio se espera haber gastado el grueso del fondo.
Sin duda, el movimiento de la FCC es un ejemplo a imitar, y del que tendrán que tomar buena nota en Europa y España. Se trata de una decisión que apuesta por la vertebración del territorio en términos de cohesión social, buscando frenar la despoblación y dando igual de oportunidades a toda su ciudadanía. El 5G es la mejor herramienta para hacerlo y desde UGT Comunicaciones aplaudimos la medida.
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]]>El Broadband Coverage in Europe, correspondiente al año 2019, nos presenta un escenario en donde nuestro país destaca por sus redes de fibra óptica, situándose en el segundo puesto de toda la Unión y 47 puntos porcentuales por encima de la media europea.
No obstante, este segundo puesto en realidad es un primer puesto absoluto en términos comparables de población y extensión geográfica. Así, la comparativa se ciñe a la penetración de la fibra en los hogares en términos de porcentaje, un dato que puede resultar algo engañoso. De hecho, Letonia, el primer país en la gráfica, no llega a los dos millones de personas censadas, que viven en 750.000 hogares (por los 47 millones de habitantes y los 18 millones de hogares de España) y su perfil geomorfológico es muy diferente (su superficie total es 8 veces más pequeña que España, repleta de llanuras y planicies y su punto más elevado a duras penas supera los 300 metros sobre el nivel del mar). Por tanto, comparar Letonia, la situada en primer puesto, con España, resulta un ejercicio más que matizable. Es más, si se contrastan los datos de España con otros países semejantes (como los de la denominada UE5, destacados en morado o Polonia; PL) se observan un diferencial que, en algunos casos como el del Reino Unido y Alemania, alcanza los 70 puntos porcentuales.
El esfuerzo hecho por los operadores españoles a la hora de desplegar estas redes de última generación se observa la perfección en la siguiente gráfica: partiendo de unos porcentajes similares de penetración de fibra en 2012, España se destaca a base de miles de millones de inversión hasta triplicar los datos de penetración de la media europea en 2019. De hecho, el diferencial en puntos porcentuales no ha descendido de 40 desde 2016:
La mejora de las redes de fibra nacionales tiene una clara repercusión en la cobertura rural. Si en 2018 España se situaba en un discreto octavo puesto, solo un año más tarde subimos hasta la sexta posición, aumentando nuestro porcentaje del 32% de 2018 a un más que destacable 46%, solo por detrás de algunos países con una superficie, dispersión geográfica y orografía mucho más asequibles que la española, como Luxemburgo o la antedicha Letonia. Además, es justo indicar que la penetración de la fibra en el rural español (46,4%) es mayor que la media europea general (33,5%), superando además la media urbana de penetración de 19 Estados Miembros de la Unión (ver gráficas anteriores).
Finalmente, es obligado señalar que la fortaleza de nuestro país no solo se circunscribe a la fibra óptica, sino que se extiende a casi todas las tecnologías y prestaciones de banda ancha fija y móvil, tanto el ámbito rural como en el general. Salvo en los casos de las tecnologías obsoletas (DSL, VDSL) en casi todos los indicadores propuestos España supera la media europea, llamando especialmente la atención en el apartado de cobertura por encima de Giga de velocidad y en el denominada “Cobertura general de red fija de muy alta capacidad”; incluso en una tecnología que muchos países superaban a España, como en el cable, la actualización a Docsis 3.1 ha sido muy superior en España:
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]]>Pero es procedente intentar visualizarlo en un contexto internacional, y para ello nos valdremos de las estadísticas de la OCDE, recién actualizadas este verano al ejercicio de 2019. Las cifras son tremendamente esclarecedoras: España se sitúa en el quinto puesto mundial por velocidad de su red de banda ancha fija, solo por detrás De Corea, Portugal, Suecia y Bélgica. Esto se debe a que una de cada cuatro líneas de banda ancha fija acredita una velocidad comprendida entre 100 y 1.000 Mbps.
Además, este 25% de líneas “rápidas” está a la altura de los países inminentemente por encima de nosotros, tales como Bélgica (25,2%), Suecia y Portugal (29,3%, ambas). Fuera de esta liga está Corea, con un asombroso 35,7% de líneas rápidas y un 3% de conexiones ultrarrápidas (superiores a 1 Gbps). Pero si hablamos de redes de máxima velocidad, el vencedor es Suiza: un 7,3% de sus conexiones superan el gigabit.
Es de destacar donde se encuentran otras potencias mundiales: Francia y Alemania, puestos 18 y 19, con sólo un 12% de líneas con velocidad superior a 100 megas, o el Reino Unido (puesto 28), con un paupérrimo 7%. Por ejemplo, Italia todavía cuenta con un 5% de líneas por debajo de los 10 Mbps de velocidad y otro 6% adicional entre 10 y 30 megas.
Fixed broadband subscriptions per 100 inhabitants, per speed tiers, Dec. 2019
Obviamente, esta fortaleza proviene de la capilaridad y extensión de nuestra red de fibra, como ya hemos apuntado, se encuentra entre las mejores del mundo. Si hacemos memoria, hace pocas semanas la CNMC aseguraba que el 75% de las líneas de banda ancha fija españolas iban sobre fibra óptica. Según la métrica comparable de la OCDE, este porcentaje de FTTH se cifra en un 67% del total de líneas de banda ancha, colocando a nuestro país en el quinto puesto del mundo. De nuevo, por detrás de Corea, además de Japón, Lituania, Suecia y Letonia. España supera ampliamente la media de la OCDE (67% vs. 28%) y nuestro porcentaje de fibra sobre el total de BAF es superior a la suma de los porcentajes locales de EEUU, UK, Alemania, Francia e Italia (53,56).
Percentage of fibre connections in total fixed broadband, Dec. 2019
Pero no todas son buenas noticias. Por ejemplo, la relación entre penetración de BAF y PIB se encuentra por debajo de los principales países del mundo, lo que resta importancia a nuestro sector:
OECD fixed broadband subscriptions per 100 inhabitants (Dec. 2019) and GDP per capita (current prices, 2018)
Y, finalmente, está la parte móvil: España presenta un uso de datos por BAM muy bajo, en la cola del conjunto de la OCDE, bastante por debajo de la media y lejísimos de los países líderes en data mobile:
Mobile data usage per mobile broadband subscription per month, 2019
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]]>La pandemia Covid19 ha demostrado la importancia de contar con redes de telecomunicaciones capilares, robustas y de vanguardia. Sin ellas, los periodos de confinamiento no hubiesen sido concebidos de la misma manera: no hubiese sido posible teletrabajar con soltura, ni impartir/recibir clases a distancia y las posibilidades de entretenimiento habrían disminuido ostensiblemente.
Sin embargo, esta conectividad, aunque abiertamente mayoritaria, sigue marcada por la exclusión de un número elevado de personas. La publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida por INE, correspondiente al año 2019, desvela una realidad alarmante: todavía un 4,62% de la población española no puede permitirse una conexión a Internet. Se trata de 2,17 millones de conciudadanos en los que su situación de vulnerabilidad económica les impide sufragarse una conexión a Internet, ya sea fija o móvil, en su hogar.
El análisis de los microdatos publicados por el INE también descubren otras carencias, que podrían parecen de otra época, pero que todavía son parte de nuestro día a día: casi un millón de hogares afirman no tener capacidad económica para adquirir un ordenador y otros 30.500 ni siquiera pueden pagarse una conexión telefónica básica.
En una sociedad como la actual no disponer de conexión a Internet supone, de facto, un elemento de exclusión radical. Todas estas personas y familias verán severamente mermadas sus posibilidades laborales, sociales y económicas como consecuencia de esta desconexión. Hoy por hoy, y así lo han confirmado los reales decretos aprobados por el Gobierno durante los momentos más duros de la pandemia, la conexión a Internet es una necesidad vital comparable al suministro de agua, gas o electricidad. En resumen, Internet no solo es no es un artículo de lujo, es un derecho, tal y como lo describe la ONU.
UGT Comunicaciones insiste y reitera la necesidad de tomar medidas dirigidas específicamente a estos colectivos vulnerables, mejorando la actual cobertura del Servicio Universal. Es preciso poner en marcha un plan integral contra la brecha digital, en forma Plan Nacional de Inclusión Digital, que incluya la instauración de tarifas sociales asequibles para estos colectivos vulnerables, tal y como recomienda la CNMC y como aplican países como Francia, Reino Unido, EEUU, Hungría o Lituania.
Si no se toman estas medias, en opinión de UGT, estaremos abocando al fracaso el esfuerzo inversor de Estado y operadoras en nuevas redes de telecomunicaciones y dejando atrás a millones de personas que quedarán fuera, quizás para siempre, de una Sociedad que se está desarrollando en clave 100% digital.
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]]>La pandemia Covid19 ha demostrado la importancia de contar con redes de telecomunicaciones capilares, robustas y de vanguardia. Sin ellas, los periodos de confinamiento no hubiesen sido concebidos de la misma manera: no hubiese sido posible teletrabajar con soltura, ni impartir/recibir clases a distancia y las posibilidades de entretenimiento habrían disminuido ostensiblemente.
Sin embargo, esta conectividad, aunque abiertamente mayoritaria, sigue marcada por la exclusión de un número elevado de personas. La publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida por INE, correspondiente al año 2019, desvela una realidad alarmante: todavía un 4,62% de la población española no puede permitirse una conexión a Internet. Se trata de 2,17 millones de conciudadanos en los que su situación de vulnerabilidad económica les impide sufragarse una conexión a Internet, ya sea fija o móvil, en su hogar.
El análisis de los microdatos publicados por el INE también descubren otras carencias, que podrían parecen de otra época, pero que todavía son parte de nuestro día a día: casi un millón de hogares afirman no tener capacidad económica para adquirir un ordenador y otros 30.500 ni siquiera pueden pagarse una conexión telefónica básica.
En una sociedad como la actual no disponer de conexión a Internet supone, de facto, un elemento de exclusión radical. Todas estas personas y familias verán severamente mermadas sus posibilidades laborales, sociales y económicas como consecuencia de esta desconexión. Hoy por hoy, y así lo han confirmado los reales decretos aprobados por el Gobierno durante los momentos más duros de la pandemia, la conexión a Internet es una necesidad vital comparable al suministro de agua, gas o electricidad. En resumen, Internet no solo es no es un artículo de lujo, es un derecho, tal y como lo describe la ONU.
UGT Comunicaciones insiste y reitera la necesidad de tomar medidas dirigidas específicamente a estos colectivos vulnerables, mejorando la actual cobertura del Servicio Universal. Es preciso poner en marcha un plan integral contra la brecha digital, en forma Plan Nacional de Inclusión Digital, que incluya la instauración de tarifas sociales asequibles para estos colectivos vulnerables, tal y como recomienda la CNMC y como aplican países como Francia, Reino Unido, EEUU, Hungría o Lituania.
Si no se toman estas medias, en opinión de UGT, estaremos abocando al fracaso el esfuerzo inversor de Estado y operadoras en nuevas redes de telecomunicaciones y dejando atrás a millones de personas que quedarán fuera, quizás para siempre, de una Sociedad que se está desarrollando en clave 100% digital.
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]]>Una vez finalizado el Plan de Extensión a la Banda Ancha (PEBA) para el periodo 2013-2019 , se da inicio a otro nuevo plan para los ejercicios 2020 a 2022. En el anterior PEBA, los diferentes gobiernos centrales concedieron 479 millones de euros en ayudas para la realización de 753 proyectos, que fueron ejecutados por 130 operadores.
El nuevo PEBA comienza con un presupuesto de 150 millones de euros para el ejercicio 2020 , con el objetivo de “ampliar el despliegue de redes ultra rápidas en las zonas rurales y con menos población, contribuyendo así a reducir la brecha digital y hacer frente al reto demográfico”. Como en ocasiones anteriores, estas ayudas estarán cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Los proyectos irán dirigidos a la construcción de redes tipo NGN, con un mínimo de 300 Mbps de velocidad y con la posibilidad de ampliarse hasta alcanzar 1 Gbps, en zonas sin previsión de despliegue a tres años, las conocidas como zonas blancas NGA, aunque cabe recordar que en esta ocasión las denominadas “zonas grises” también entrarán en el esquema de ayudas . Las zonas grises y blancas pueden consultarse en la web de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones .
Otra de las novedades de la convocatoria es su carácter provincial: cada proyecto seleccionado lo será por provincia, abarcando todas las poblaciones en liza en dicho marco geográfico, valorando así el número de entidades de población cubiertas en el proyecto, para reducir todo lo posible la brecha territorial. De hecho, se espera que gracias al PEBA 2020 se incremente la cobertura de fibra hasta el 93% desde el 91% de 2019 (80,5% en 2018 ).
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]]>La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID, antes brevemente conocida como SEAD, y anteriormente, como SESIAD) elabora una serie de informes trimestrales que miden, de forma comparable, la calidad que las operadoras de telecomunicaciones ofrecen a los ciudadanos/as en España. Os hacemos llegar, a modo de resumen, aquellos parámetros que consideramos más relevantes para poder evaluar, de forma comparativa, la calidad que ofrecen los operadores españoles (nota: la línea azul que se destaca en cada gráfica corresponde a la media ponderada para cada parámetro, lo que permite visualizar, de un solo vistazo, si un operador se encuentra por encima, por debajo o en la media ponderada). Finalmente, puntualizar que los únicos operadores obligados legalmente a facilitar estos datos son aquellos que superan los 20 millones de euros de facturación anual por la prestación de servicios.
Resumen de máximos y mínimos del Trimestre
Línea de negocio fijo
Operador que ha superado o igualado media en más ocasiones: Jazztel (otro mes más)
Operador por debajo de la media en más ocasiones: Movistar, Orange y Vodafone
Hito más destacable: Que Jazztel supere la media global en casi todos los indicadores
Línea de negocio de Internet
Operador que ha superado o igualado la media en más ocasiones: Orange, R y Telecable
Operador por debajo de la media en más ocasiones: Movistar
Hito más destacable: El aumento en la velocidad (+30%), quizá por efecto del Covid19
Línea de negocio móvil
Operador que ha superado o igualado media en más ocasiones: Orange (repite) y Jazztel
Operador por debajo de la media en más ocasiones: Vodafone, Simyo, MásMóvil y Telecable
Hito más destacable: El descenso de velocidad (-33%), posiblemente como consecuencia del Covid.
Tiempo de suministro de acceso a la red fija: Se define como el tiempo que transcurre desde el instante en que el operador recibe una solicitud válida de suministro del servicio telefónico hasta el instante en el que el servicio se encuentra activado y disponible para su uso. Se facilita la medición del tiempo máximo para el 95% de las solicitudes de clientes residenciales con menores tiempos de suministro (percentil 95). Su medición se realiza a partir de los datos de todas las solicitudes de suministro realizadas en el trimestre.
Porcentaje de avisos de avería por línea de acceso fijo del servicio telefónico fijo y servicio de acceso a Internet: Se define como la relación entre los avisos válidos de avería comunicados por los clientes residenciales sobre posibles averías en la red de acceso del operador y el número medio de líneas en servicio. El número medio de líneas en servicio es obtenido a partir de las líneas sobre las que se presta el servicio telefónico o el servicio de acceso a Internet, tanto si éste es el único servicio suministrado, como si sobre la línea se proporcionan otros servicios. Los avisos de avería contabilizados son los referidos al servicio telefónico fijo o al servicio de acceso a Internet. Su medición se realiza contabilizando todos los avisos válidos de avería recibidos durante el trimestre y el resultado se expresa como un porcentaje. Se mide y publica desagregado para el servicio telefónico fijo y para el servicio de acceso a Internet fijo.
Tiempo de reparación de averías para líneas de acceso fijo del servicio telefónico fijo y servicio de acceso a Internet: Se define como el tiempo transcurrido desde el instante en el que se ha notificado por el cliente un aviso de avería hasta el momento en que el elemento del servicio, o servicios, se ha restablecido a su normal funcionamiento. Se contemplan las siguientes mediciones:
– Tiempo máximo para la resolución del 95% de averías de menor duración (percentil 95).
– Porcentaje de averías reparadas en el plazo objetivo establecido por el operador, con indicación de dicho plazo.
Se mide y publica desagregado para el servicio telefónico fijo y para el servicio de acceso a Internet fijo.
Frecuencia de reclamaciones de los clientes: Se define como la relación entre en total de reclamaciones relativas al servicio telefónico y/o al servicio de acceso a Internet, realizadas por los clientes residenciales, y el número medio de clientes residenciales activos en el trimestre. Su medición se realiza a partir de los datos de todas las reclamaciones presentadas por los clientes residenciales, por teléfono, fax, correo, e-mail, etc. durante el trimestre. A estos efectos se considera como reclamación cualquier expresión de insatisfacción o una observación negativa del cliente referida a los mencionados servicios. No debe confundirse con una petición de información, consulta técnica o aclaración solicitada por el cliente a su operador. No se considerará como reclamación la comunicación de una avería, aunque sí la reclamación de un aviso de avería. Se efectúan mediciones separadas de este parámetro para el servicio fijo y el servicio móvil.
Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes: Se define como el tiempo transcurrido entre la presentación por parte de un cliente residencial de una reclamación relativa al servicio telefónico y/o al servicio de acceso a Internet y la resolución por el operador de dicha reclamación. Su medición se realiza a partir de los datos de todas las reclamaciones resueltas durante el trimestre. Se ordenan de menor a mayor tiempo de resolución y se toma el registro correspondiente al 95 % de todas las reclamaciones. El valor de este registro (percentil 95) es el valor que publica el operador. Se efectúan mediciones separadas de este parámetro para el servicio fijo y el servicio móvil.
Reclamaciones sobre corrección de facturas: Relación entre las facturas que han sido objeto de reclamación sobre su contenido, realizadas por los clientes residenciales, relativas al servicio telefónico y/o al servicio de acceso a Internet y el número total de facturas emitidas a estos clientes. Su medida se realiza contabilizando el número de facturas reclamadas por algún aspecto relativo a su contenido durante el trimestre y se expresa en porcentaje. Se efectúan mediciones separadas de este parámetro para el servicio fijo y el servicio móvil.
Velocidad media global del servicio fijo de acceso a Internet: Se obtiene ponderando los valores de velocidad media publicados por cada operador con el número total de clientes para cada servicio de acceso a Internet.
Variación velocidad de subida entre trimestres: 70.686 Kbps (30%)
Variación velocidad de bajada entre trimestres: 67,126 Kbps (34%)
Velocidad media global del servicio móvil de acceso a Internet: Se obtiene ponderando los valores de velocidad media publicados por cada operador con el número total de clientes para cada servicio de acceso a Internet.
Variación velocidad de subida entre trimestres: -7,805 Kbps (-26,1%)
Variación velocidad de bajada entre trimestres: –4,715 Kbps (-33%)
La entrada Calidad del servicio en España, 1T2020 se publicó primero en UGT Comunicaciones.
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